Fran Saborido es desde hace unas semanas el director del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, su lugar de trabajo desde hace cerca de 30 años. Será él, por lo tanto, el encargado de pilotar el traslado de este centro del CSIC de Bouzas a Teis, a unas nuevas instalaciones más modernas y dotadas con lo necesario para afrontar una investigación más competitiva. Con Saborido hemos hablado de anisakis, cambio climático y de un problema que está sacudiendo a la ciencia española, la normativa que puso en marcha el anterior Gobierno y que, nos cuenta, “es tan excesiva que ha imposibilitado la ejecución de los presupuestos o la ejecución de la investigación en sí misma, llevando casi a una parálisis completa al sistema español de ciencia”
¿Cómo fue su nombramiento como director del Instituto de Investigaciones Marinas?
De hecho, el sistema en el CSIC es relativamente democrático. Cuando hay un cambio, porque acabe el mandato o por dimisión del director, como fue en este caso, se abre un turno de propuestas. En este caso, fuimos dos los candidatos que nos propusimos, con un proyecto de dirección para cuatro años que defendimos en un claustro científico y, luego, en la Junta del Instituto. Después, si el claustro y la junta lo tienen a bien, presentan a uno o varios candidatos a la presidencia, que es la que finalmente decide.
Lleva sólo unos días en el cargo y dejando a un lado el tema de entrevistas, ¿cómo se ha encontrado el IM (falta personal, de recursos…)?
Llevo 29 años trabajando aquí y en todo este tiempo he estado en la Junta del Instituto en muchas ocasiones, como representante de personal, como responsable de grupo o como jefe de departamento, por lo que conozco muy bien el funcionamiento del instituto y del propio CSIC. He estado como representante sindical una década, con presencia en la organización central. Así que pudo decir que conozco bastante bien el funcionamiento y que no me he encontrado nada sorprendente. Es un instituto relativamente grande, con cerca de 200 personas, donde nos conocemos todos. Se podría decir que somos una gran familia. Y además, mi nombramiento ha sido en el mes de agosto, que es una fecha relativamente tranquila en la función pública, por lo que no ha habido grandes urgencias.
Usted ha trabajado en este instituto, pero también ha estado trabajando fuera de España. Tras la crisis que hemos sufrido, que afectó especialmente todo la comunidad científica, ¿qué imagen tienen ahora mismo en el exterior de nuestros científicos, ha variado en estos años?
Realmente, la inversión en ciencia en España nunca ha estado en el nivel en el que debería estar. Siempre ha estado, y de lejos, por debajo de la media europea, inclusive cuando se coge como referencia el conjunto de la UE. Y si ya tomamos los países más avanzados, pues estamos todavía más lejos. Esto ha sido siempre así, con todos los gobiernos. Evidentemente, es un hecho que se ha agudizado con la crisis económica. Durante los años de bonanza, en los que la inversión en ciencia aumentó notablemente y aún así, insisto, estábamos muy por debajo de la media europea, nuestra excelencia científica subió grandes enteros. De hecho, a nivel de producción científica, estamos muy por encima de la inversión que se hace en España en ciencia. Y de ahí el reconocimiento a los investigadores españoles. En general, tenemos una muy buena formación global y no tan hiperespecializada como en otros países, lo que nos hace ser muy competitivos. Teníamos y tenemos un gran prestigio. Lo que ocurre es que con la crisis hemos perdido en tres grandes componentes: Financiación, lo que nos ha hecho estar menos en el mercado ya que, por ejemplo, no hemos podido asistir a congresos, realizar proyectos de investigación y, en consecuencia, hemos publicado menos; Personal: este instituto ha perdido en la última década a casi un centenar de trabajadores, sobre todo gente joven, que era nuestro futuro y que ahora en su gran mayoría están fuera de España; y Normativa, ya que el anterior Gobierno puso en marcha una regulación de control tan excesiva que ha imposibilitado la ejecución de los presupuestos o la ejecución de la investigación en sí misma, llevando casi a una parálisis completa al sistema español de ciencia.
¿Esta normativa qué supuso para ustedes?
En muchos organismos públicos de investigación, por ejemplo, se disponía del presupuesto para contratar a una persona pero se tardaba un año y medio en poder contratarla, por la propia burocracia. Y no es que crea que no deba existir control, claro que debe haberlo, pero control no debe significar impedimento para realizar nuestro trabajo. Y para mí ese ha sido el principal problema que hemos sufrido en la crisis y no tanto la financiación, porque el 60% de la inversión que había para investigación en esta década se ha devuelto a Hacienda al ser imposible ejecutarla. Y la que ha llegado a los institutos, hemos tenido una dificultad enorme para poder ejecutarla. Esto supone que, aunque fuera de España conozcan nuestra valía y sepan de estos problemas, hayamos perdido peso internacional. Lo que está afectando incluso a la gestión de los recursos pesqueros.
Aunque ni el CSIC ni el IEO dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el sector es de vital importancia la coordinación entre los organismos científicos y este Ministerio. ¿Es algo que tiene presente?
Es verdad que no dependemos del Ministerio de Pesca, pero la propia Ley de Pesca y los estatutos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) implican que éste sí debe cumplir con ese papel de asesoramiento científico sobre el estado de los recursos al Gobierno. Es el responsable. Por su parte, el CSIC tiene en sus estatutos la responsabilidad de ofrecer asesoramiento global en ciencia, pero no necesariamente en este campo. Nuestro ámbito se mueve más en temas de investigación, básica o aplicada, pero que aborde siempre elementos innovadores, que puede apoyar al Oceanográfico porque hacemos cosas que ellos no hacen y viceversa. Nos complementamos muy bien. Tanto es así, que el Instituto lleva desde el año 1955 trabajando en ecología pesquera y yo llevo trabajando 30 años en la zona de NAFO, por ejemplo. La investigación del CSIC es más profunda y a largo plazo, no tan preocupada por dar una respuesta para el año que viene o el siguiente, que es la preocupación del Oceanográfico debido a esa demanda que tiene el asesoramiento pesquero. Nuestra labor, por ello, quizás sea más sosegada y puede dar un apoyo a medio o largo plazo a esa tarea que hace el Oceanográfico que, para bien o para mal, va más apremiada en sus respuestas. En el Instituto Español de Oceanografía son grandes especialistas en el modelado y asesoramiento científico; y nosotros tenemos una percepción de la investigación ligeramente diferente. Nos completamos muy bien.
¿Ha sufrido también esta alianza los estragos de la crisis?
Sobre todo por la dificultad normativa de la que hablaba antes. Y como ejemplo significativo de esto puedo decir que después de 30 años, desde este año el CSIC no participa en el programa de recogida de datos de la Unión Europea (DCF), particularmente en la zona de Terranova. Este programa la gestiona en España el MAPAMA, y nuestra participación se articula en base a un convenio con el Oceanográfico que existe desde 2002 pero que, debido a lo rebuscado e inoperativa normativa española de los últimos años, no se ha podido firmar.
El que existía se venía prorrogando pero la nueva normativa impide esa prórroga, así que, por poner un ejemplo, en la campaña de este año de Flemish Cap no hemos participado. Esto significa que ahora mismo no hay evaluación adecuada de bacalao o de la gallineta, porque es la parte que hacíamos nosotros. Es más, al CSIC se nos debe la financiación de ese programa desde 2014. Llevamos un retraso de cuatro años y de más de medio millón de euros, nuevamente debido a esa normativa que hace que el traspaso de esa financiación sea casi imposible, en gran medida por parte del Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación. Por este motivo hemos retirado todos los datos que el CSIC ha producido estos años de las bases de datos europeas, con el consiguiente impacto en la gestión pesquera.
Es más, todas estas campañas de recogida de datos las paga la Unión Europea y España lleva desde 2014 sin recibir esos fondos porque no los ha justificado, no ha puesto en marcha los mecanismos adecuados para hacerlo, así que la UE tampoco los ha pagado. Y estamos hablando de millones de euros. Sin embargo, hasta ahora se han hecho las campañas y se sigue haciendo investigación con enormes dificultades por parte del IEO y con enormes dificultades por parte nuestra. Pero el Ministerio donde está Pesca no ha desarrollado las herramientas necesarias para trasladar lo que pide la UE a la normativa española y, por lo tanto, no ha podido justificar ese gasto. Llevamos un retraso en el pago de cuatro años y los especialistas que estaban haciendo este trabajo están en la calle ahora mismo. Personas con 12 ó 13 años de experiencia, especialistas mundiales que no pueden trabajar. Y todo esto por cuestiones normativas que el Ministerio no es capaz o no tiene voluntad de arreglar. Es un problema tan grande que la propia Unión Europea está interviniendo al respecto.
Ha prestado asesoramiento al ICES y a NAFO, entre otros organismos, ¿se tiene en cuenta el criterio español, a través de la UE, en la toma de decisiones por ejemplo en estas dos organizaciones?
Se dice mucho que el asesoramiento lo hace el ICES, pero el ICES somos todos nosotros. Cuando pensamos en un grupo de trabajo del Ártico nuestra participación es menor porque hay más países implicados, pero si pensamos en el grupo de la merluza, básicamente somos científicos españoles, portugueses y franceses. Y si vamos a NAFO, somos fundamentalmente los españoles y portugueses. No hay otra presencia europea, con lo cual nuestra voz está ahí. Pero da igual, porque la voz que ponemos nosotros es la científica, no la española o la francesa. O, por lo menos, debería ser así. En general, no existen directrices políticas o ejecutivas a la hora de poner la ciencia sobre la mesa, así que debería dar igual que el científico sea portugués, irlandés o francés. Si es ciencia y conocimiento puro. Si hay un modelo matemático que se debe aplicar, qué más da quién lo haga. Lo que hay que obtener son datos veraces y modelos testados y comprobados. En ciencia no existe la frontera y cuando se nos pide que defendamos los intereses españoles, se le hace un flaco favor a España. Porque el interés debe ser el del recurso, el de la ciencia, la sostenibilidad del recurso es la sostenibilidad del sector pesquero, por eso nos integramos cada vez más con la investigación socioeconómica.
Pero el interés puro de los profesionales es una cuestión eminentemente política, no científica. Esa es otra historia, otra pelea. Fundamental para el sector, sin duda, pero no debe ser la nuestra si queremos mantener la objetividad científica.
Al hilo de esto, da la sensación, por lo menos desde fuera, que la relación entre la comunidad científica y el sector pesquero ha mejorado en los últimos años. ¿Es así?
Sin duda. Si nos retrotraemos a hace 30 años, cuando la crisis del bacalao en Terranova por ejemplo, la situación era muy diferente. El gran problema es que en los medios, y no sólo hablando del tema pesquero, sólo salen informaciones cuando las cosas van mal, cuando hay problemas. Tiene su lógica. Y alguno puede tener la percepción de que cuando hay problemas, hay desentendimiento. Pero en el grueso de las cuestiones no ha habido grandes discrepancias y trabajamos juntos desde hace décadas. Aunque es cierto que la relación en este tiempo ha mejorado por las tres partes: comunidad científica, porque creo que comunicamos mejor; el sector, que ha entendido que solamente trabajando con la comunidad científica puede mejorar los resultados de explotación; y la Administración, que es una parte esencial en el día a día, pero que en los últimos años estaba o está desaparecida, ni se la veía, ni se la esperaba.
Volviendo al CSIC, ¿considera que el peso que tienen los proyectos de iniciativa privada en el seno del Instituto es positivo o habría que poner límites?
Aquí hay varios componentes. El primero es que el gran fracaso de la sociedad española, comparada con las de otros países de su entorno y equivalencia, es que no hay iniciativas privadas de inversión en la investigación. Y no hablo sólo de que el sector privado financie a parte del sector público, que eso es necesario y es bueno, sino que el sector privado tenga su propia investigación, su departamento de I+D. Obviamente, las grandes empresas lo tienen más fácil que las pequeñas. Pero si vamos a otros países, la inversión privada es enorme, mientras que aquí es muy baja. Eso es un fracaso. Tanto es así, que del componente de lo que invierte el Estado en investigación, gran cantidad son préstamos a las empresas para que hagan investigación y éstas apenas solicitan proyectos porque son préstamos, no subvenciones. Por otro lado, en el CSIC tenemos un componente de investigación elevado relacionado con las empresas, comparado con otros organismos públicos. Pero no es su principal fuente de financiación, ni de lejos. Creo que la investigación tiene que ser básicamente pública para que sea independiente. Lo cual no quiere decir que la financiación tenga que ser enteramente pública. El sector privado debe invertir en ciencia y hacer contratos a los investigadores para que le proporcionen avances en sus quehaceres habituales.
¿Tiene el Instituto de Investigaciones Marinas algún proyecto sobre metales pesados en especies de interés comercial, que es algo que preocupa al sector y al consumidor?
No. Tenemos proyectos sobre metales pesados sedimentos, que es una parte muy importante. Llevamos tiempo trabajando. En el pasado sí se hicieron proyectos sobre su presencia en especies, pero actualmente no.
¿Qué va a suponer para el Instituto de Investigaciones Marinas el traslado a la ETEA?
Un cambio enorme, positivo, por un lado, y también triste porque dejamos Bouzas después de tantos años. Pero pasamos a otro barrio emblemático de Vigo, que es Teis. Este edificio se ha quedado antiguo desde hace mucho tiempo. No tiene capacidad de albergar instalaciones para afrontar una investigación moderna. Esperamos que esto no sea un mero traslado de edificio, sino que se aproveche la ocasión y la coyuntura para hacer un nuevo instituto, una nueva definición de lo que queremos ser. Es por ello que estamos haciendo un análisis a cinco y quince años para ver dónde va estar la investigación en ese periodo y ponernos en esa situación. Queremos que este proyecto nos sirva para modificar nuestra forma de funcionar, para incorporar nuevas líneas de investigación, nuevos departamentos, que respondan a lo que nos están pidiendo desde la sociedad y desde el mundo de la investigación. Tenemos que ser la vanguardia y eso significa diseñar lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Y en ese trabajo estamos ahora mismo.
El peso de la acuicultura en el mundo es tal que incluso la FAO ha revisado las cifras de crecimiento. ¿El peso de la investigación en este sentido también ha aumentado en los últimos años?
Sí y no. El tema de la acuicultura y su incremento responde a muchas cuestiones. Es verdad que, a nivel global, ha superado ya a la extracción e irá a más. Pero si vamos a Europa, no, aquí se ha estancado. Sobre todo, la acuicultura que se ha expandido es la más sostenible. La de herbívoros, que es más sostenible, que sirve para dar un alimento nutricional importante a una gran parte de la población (China, África, etc) con menor coste. Como la tilapia, por ejemplo.
La acuicultura que tenemos en Europa, por desgracia, es de élite, de carnívoros. Es costosa y este tipo de acuicultura consume el 30% de la pesca mundial y, aunque se ha progresado mucho en los últimos años con especies como la dorada o la lubina, en general la acuicultura europea ha sufrido una cierta crisis y la investigación también. En este aspecto, creo que hay que ir hacia un tipo de acuicultura más sostenible, ecológica, multitrófica, tecnológica y de especies que claramente respondan a un componente nutricional. Eso aquí sería la sardina o el jurel, pero tenemos abundancia suficiente en el medio como para empezar a producirla. Producir sardina aquí sería siempre más caro que la que pesquemos. No es el caso de la tilapia, que es de agua dulce, en otros países. La acuicultura es una solución para el consumo de pescado, pero no la que se ha promovido en Europa durante décadas. Estos hechos se han reflejado en la cantidad y la tipología de la investigación en este campo.
Se habla mucho de anisakis, de contaminación por metales pesados, ¿pero no es el cambio climático el mayor problema para la pesca?
Absolutamente. El cambio climático es el gran problema, el gran conocido y el gran desconocido. Todo el mundo sabe que está ahí, habla de ello, pero nadie se preocupa al punto de obligar a los gobiernos a tomar medidas realmente orientadas a reducir las causas y no a paliar sus consecuencias. Hay mucha investigación vinculada a mitigar sus efectos, su impacto. Pero lo que hay que hacer es medicina preventiva, y eso significa reducir la emisión de gases de efectos invernadero y otros, que son los que están produciendo este cambio. Y aquí en Galicia ya está afectando, que se lo digan si no a la merluza. Es más, Galicia está en una zona muy sensible, entre la subtropical y la templada ártica, y por eso va a haber especies que desaparezcan porque las zonas fronterizas son las que siempre sufren más. El cambio climático es el gran problema, sin ningún género de dudas. Todo el mundo habla de él, pero casi nadie hace algo.
M.B.
