Con esta ratificación, formalizada ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como organismo responsable del instrumento, el Estado peruano se compromete ante la comunidad internacional a implementar medidas prácticas de vigilancia, así como al monitoreo y control necesarios para asegurar la procedencia legal de los productos pesqueros que arriban a puertos
Perú ratificó el pasado 27 de septiembre el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, cuyo objetivo es eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esto significa que setenta y siete países de todo el mundo ya han formalizado su ratificación/adhesión a este Acuerdo, que es jurídicamente vinculante, incluyendo a trece de América Latina y el Caribe: Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Uruguay y desde finales de septiembre, Perú.
Con esta ratificación formalizada ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como Organismo responsable del instrumento, el Estado peruano se compromete ante la comunidad internacional a implementar medidas prácticas de vigilancia, así como el monitoreo y control necesarios para asegurar la procedencia legal de los productos pesqueros que arriban a puertos peruanos. Con ello, busca contribuir a la sostenibilidad de estos recursos, de los que dependen más de 200 millones de personas alrededor del mundo.
“Hoy damos un paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal. Este constituye un gran esfuerzo en el que hemos contado con la asistencia técnica constante de la FAO”, afirmó el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi. “La pesca ilegal es una amenaza contra el ordenamiento de los recursos pesqueros; puede perjudicar nuestros esfuerzos de hacer un manejo responsable de nuestros recursos marinos y la consecuente comercialización de nuestros productos hidrobiológicos, afectando los medios de vida y el empleo en el sector”, remarcó.
Perú es un país clave para el cuidado de los recursos marinos y pesqueros y la lucha contra la pesca ilegal: no sólo es el principal productor de pescado a escala continental, sino también uno de los diez principales países productores del mundo.
FAO apoyará a Perú a cumplir con el Acuerdo
La FAO asiste técnicamente al Gobierno de Perú en el fortalecimiento de capacidades institucionales para que el país pueda cumplir correctamente con las medidas del Acuerdo, mediante el mejoramiento de la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades de inspección y los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia del sector pesquero. De igual forma, la FAO facilita actualmente procesos de intercambio de información entre países limítrofes, para robustecer sus sistemas de prevención de la pesca ilegal.
“La correcta implementación del acuerdo contribuye de forma directa al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, centrado en las comunidades pesqueras que dependen de los ecosistemas marinos para su subsistencia”, explicó María Elena Rojas, representante de la FAO en Perú.
Acabar con las prácticas destructivas de pesca tiene una gran importancia social, ya que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa una seria amenaza a la sostenibilidad de los recursos pesqueros de los que dependen miles de familias para su alimentación y medio de subsistencia.
“En América Latina y el Caribe, más de 2.5 millones de pescadores dependen directamente de la pesca, y en el Perú, esta actividad constituye el principal medio de vida más de 300 000 hombres y mujeres”, señaló María Elena Rojas.
Se pierden 23.000 millones de dólares al año por la actividad ilegal
Aunque actualmente no existen datos regionales sobre el impacto económico de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a nivel global se estima que esta actividad sustrae 26 millones de toneladas al año, valoradas en aproximadamente 23 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción mundial registrada.
Además, estas prácticas ilícitas tienen un efecto directo sobre los sistemas para cuantificar los stocks pesqueros, y repercuten en la capacidad de emitir medidas eficaces de ordenamiento y gestión de los océanos.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada impide tener una evaluación fiable sobre las poblaciones de peces, un aspecto clave si se considera que cerca del 31,4 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y el 58,1 % están plenamente explotadas.
Entre las medidas clave que los Estados rectores de los puertos se comprometen a cumplir, figuran las siguientes:
Los barcos de pesca extranjeros que pretendan entrar en un puerto estarán obligados a solicitar permiso con antelación en una serie de puertos especialmente designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo. De esta forma las autoridades tendrán oportunidad de detectar los navíos sospechosos de forma anticipada.
Los Estados rectores de los puertos llevarán a cabo inspecciones regulares de los barcos según una serie de normas comunes. El examen de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora puede a menudo desvelar si ha realizado actividades de pesca ilícita.
También deben garantizar que los puertos cuentan con el equipo adecuado y que los inspectores están bien formados.
Cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas consiguientes.
