A pesar de que el Parlamento Europeo pide que esta videovigilancia sea obligatoria sólo en aquellos buques que hayan cometido dos o más infracciones graves, el sector pesquero se siente perseguido: “No podemos más que sentirnos criminalizados por una UE que aplica constantemente una presunción de culpabilidad basada en la desconfianza hacia el sector”.
El Parlamento Europeo (PE) adoptó su posición negociadora sobre el nuevo sistema de control de la pesca, que reformará la normativa que ha regido la actividad pesquera en la UE desde 2010. Con 401 votos a favor, 247 en contra y 47 abstenciones, los eurodiputados respaldaron el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la aplicación de la normativa, incrementar la seguridad y la transparencia.
Para evitar malentendidos, desde la Eurocámara especificaron que la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia para controlar la obligación de desembarque de las capturas debe limitarse a un “porcentaje mínimo” de los “buques de más de 12 metros identificados en ‘riesgo grave de incumplimiento’”. La videovigilancia también deberá imponerse como sanción en caso de cometer dos o más infracciones graves. Los pescadores dispuestos a instalar cámaras voluntariamente deberán recibir incentivos -como el incremento de cuotas- o ver retirados sus puntos negativos por infracción.
Los eurodiputados apoyaron asimismo la armonización de las sanciones y reclamaron la creación de un registro europeo de infracciones para centralizar la información de todos los Estados miembros. También abogan por un sistema apropiado de penalizaciones para los pescadores aficionados que vulneren la normativa.
Tras conocerse la decisión, la asociación pesquera europea Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), valoró la posición adoptada por el Plenario del Parlamento Europeo en la revisión del Reglamento de control pesquero de la UE y, específicamente, los cambios que introducen una mayor flexibilidad en el margen de tolerancia para las estimaciones de peso realizadas a bordo por los pescadores y la exención del uso de dispositivos de control de la potencia del motor para las pesquerías sujetas a límites de capturas. Sin embargo, considera que la obligatoriedad de instalar cámaras para controlar la obligación de desembarque ensombrece la revisión del nuevo Reglamento y constituye un “elefante en la habitación” que obstaculiza el normal desarrollo de la actividad pesquera. En este sentido, desde el sector confían en que los gobiernos de los estados miembros aborden las implicaciones de este “Gran Hermano” durante las negociaciones que se desarrollarán en los próximos meses en el Consejo y tras la que se alcanzará una decisión final.
Europêche celebró que la votación del Pleno haya respetado la mayoría de los compromisos alcanzados en la comisión de Pesca del PE, unos acuerdos que, según la asociación, ayudarán a mejorar la trazabilidad de los productos del mar al digitalizar el seguimiento y la notificación de las capturas a lo largo de toda la cadena de valor, además de suponer una armonización de las sanciones y las medidas de cumplimiento en los estados miembros. Europêche también acogió con satisfacción la flexibilidad introducida en términos de tiempos, escala y burocracia, y que supone un reconocimiento más ajustado de la realidad de la actividad pesquera.
Específicamente, aprecia la flexibilidad para las estimaciones registradas en el diario de pesca para cada especie, puesto que son extremadamente difíciles de comparar con las cantidades realmente desembarcadas. En concreto, se han introducido márgenes de tolerancia más elevados para las pesquerías mixtas, de pequeños pelágicos, de túnidos e industriales.
Según el director general de Europêche, Daniel Voces, “muchos han acusado a los pescadores de utilizar esta medida para declarar menos capturas, unas acusaciones que no tienen en cuenta las fuertes sanciones a las que se enfrentan y que olvidan que las cantidades reportadas en el diario de pesca son justamente estimaciones que pueden ser inferiores o superiores que las descargas reales sin ninguna intención maliciosa”. “Con o sin margen de tolerancia”, -apostilla Voces-, “el cumplimiento de una declaración fidedigna del pescado capturado está garantizado cuando se contrastan el pesaje en el desembarque con las notas de venta”.
Ocho votos inclinaron la balanza a favor de las cámaras
En cuanto a la introducción de cámaras a bordo de los buques pesqueros, Europêche lamenta que el PE haya adoptado, por una escasa mayoría (8 votos de diferencia), una posición que contradice la adoptada previamente por la Comisión de Pesca y que implica la obligatoriedad del uso de sistemas CCTV (Circuito Cerrado de TV) para los barcos pesqueros de más de 12 metros de eslora al identificarse su alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque.
A este respecto, el director general de Europêche se pregunta si “¿los responsables políticos de la UE aceptarían la instalación de sistemas de CCTV en sus oficinas para garantizar que el dinero de los contribuyentes se gestiona e invierte de la forma más adecuada y que nadie infringe la ley en el desempeño de su labor diaria? Creemos que la respuesta es negativa y no deja de sorprendernos que sí lo sea en el caso de los pescadores, quienes tienen además un historial excelente de cumplimiento. No podemos más que sentirnos perseguidos y criminalizados por una UE que aplica constantemente una presunción de culpabilidad basada en la desconfianza hacia el sector”.
Por otra parte, la patronal pesquera europea recuerda que el sector de la UE se enfrenta desde hace años a una política mal concebida como es la obligación de desembarque, que no se ajusta a la realidad pesquera y que los responsables de la toma de decisiones tratan de hacer cumplir con herramientas de control y monitorización intrusivas. Europêche subraya al respecto que países con una actividad pesquera importante, como Noruega e Islandia, con políticas de obligación de desembarque en vigor, están en contra del uso de cámaras y, sin embargo, controlan perfectamente las operaciones de sus flotas. Este hecho, señalan, refuta completamente la afirmación de la Comisión Europea de que las infracciones nunca se detectarán sin CCTV.
Galicia pide que no se criminalice al sector
En Galicia, la consejera del Mar, Rosa Quintana, también criticó la medida propuesta por el Parlamento. En un encuentro por videoconferencia con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, en el que le expuso los principales asuntos de interés del sector marítimo-pesquero gallego y le trasladó que considera disparatada la pretensión del Ejecutivo comunitario de hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia a bordo de la flota europea por entender que se trata de una medida que criminaliza al sector.
La representante del Gobierno gallego, que estuvo acompañada por tres miembros del grupo de trabajo del Consejo Gallego de Pesca sobre el brexit, le describió la realidad de la flota artesanal gallega y le advirtió de que este tipo de decisiones adoptadas por Bruselas, que generan rechazo en el sector, alejan a los profesionales de la pesca de las instituciones pues demuestran falta de conocimiento de su realidad y complican en gran medida su labor diaria. Ese es el motivo, precisamente, de que el sector pesquero gallego tenga convocadas para mañana varias protestas en contra de los planes en materia de control de las instituciones comunitarias.
Rosa Quintana abordó durante el encuentro distintas cuestiones que generan malestar y preocupación entre el sector pesquero gallego en relación con la modificación del reglamento europeo de control de la pesca, pues incluye medidas que se pretenden aplicar al conjunto de la flota como la videovigilancia a bordo -que incluso puede chocar con la intimidad del trabajo a bordo y con la protección de datos de los marineros-, la geolocalización de los buques o la notificación digital de las capturas antes de la llegada a puerto.
En lo referente a la videovigilancia a bordo, recordó que tanto la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo como otros actores del sector son más partidarios de que esta medida sea voluntaria -con un sistema de incentivos para su instalación- u obligatoria como sanción para aquellos que cometan alguna infracción grave de la normativa pesquera, unas opciones que tendrían una mayor aceptación en el sector.
Medidas negativas para la bajura
La titular de Mar le insistió a la responsable del Ejecutivo comunitario en que este tipo de medidas son negativas para la bajura gallega pues suponen mayor burocracia y no implican una mejora en el control de su actividad. Es el caso de la geolocalización de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, sobre la que Galicia defendió en todo momento la exclusión de la bajura de esa obligatoriedad puesto que el dispositivo supone un coste importante para la flota y se trata de embarcaciones perfectamente controladas al encontrarse cerca de la costa.
Otro de los aspectos que Galicia considera negativos de la propuesta de reglamento de control es el deber de registrar digitalmente las declaraciones de capturas en las embarcaciones de menos de 12 metros antes de su llegada a puerto. Esta exigencia, incidió la conselleira del Mar, afectaría a muchas embarcaciones que realizan mareas inferiores a 24 horas y también al marisqueo, en muchos casos con un único tripulante a bordo, lo que complica su operatividad y supone mayor burocracia duplicando la notificación previa al desembarque.
Ante esta situación y el malestar generado en el conjunto del sector pesquero gallego y, de manera especial, en la flota artesanal, la representante del Ejecutivo gallego demandó mejoras durante el proceso de negociación en el marco de los trílogos -Comisión Europea, Eurocámara y Consejo Europeo- para diseñar un reglamento de control más adaptado a la realidad de la flota y que no criminalice al sector.
La flota del cerco, en contra de la medida
Representantes de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga) mostraron también su disconformidad con la medida propuesta en la Eurocámara porque dicen estar “totalmente controlados” con las medidas que ya están en vigor: “A nadie le gusta sentirse vigilado, y creemos que esta medida vulneraría la intimidad de los trabajadores”. Aunque reconocen que el anuncio del PE se limitaría en un principio a los barcos que reinciden en las infracciones, han expresado su temor de que éste sea el primer paso para generalizar el uso de cámaras a bordo en todos los barcos. “No sería la primera vez que lo hacen, empiezan con los infractores y cuando te das cuenta lo aprueban para todos”, Desde la asociación que representa a la gran mayoría del cerco en Galicia aseguran que si esta medida sigue adelante “se van a encontrar con la oposición de todo el sector”.
