España ha conseguido que la flota de arrastre de fondo que faena en el mar Mediterráneo disponga de un 5 % de días adicionales, con lo que se alcanza un total de 6.116 días, gracias al cumplimiento de dos de las condiciones del denominado “mecanismo de compensación”, que fue acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea el pasado diciembre 2023, por el que se pueden recuperar días de pesca adicionales siempre que se cumplan algunas de las medidas acordadas.
Una de estas medidas ha sido el establecimiento de una veda a la pesca con artes de arrastre de fondo a los buques españoles en el Mediterráneo a una profundidad superior a los 800 metros. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado una modificación anexo III de la orden ministerial de 18 de mayo de 2020, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
Otro de los requisitos ha consistido en el cumplimiento de las paradas de la flota de cuatro semanas ininterrumpidas, que ya se encontraban reguladas en el mismo anexo III de la citada orden ministerial, y que se modificaron el pasado febrero.
Para poder llegar al 6 % de días adicionales habrá que aplicar una tercera medida del mecanismo de compensación, con carácter voluntario, que consiste establecer un cabio de malla a malla de 45 mm en el caso de la pesquería costera, y de 50 mm en el caso de la de profundidad; o el establecimiento de puertas voladoras, a elegir por el armador. Próximamente se publicará la convocatoria para que los buques informen de su intención de establecer estos cambios de forma voluntaria, para poder optar a más de 1.200 días de pesca adicionales del restante 1 % del mecanismo de compensación.
Con la orden publicada hoy, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a demostrar su compromiso con el sector pesquero y con una gestión responsable de los recursos, con una dimensión integral de la sostenibilidad en sus aspectos ambiental, social y económico, reconocidos en la Política Pesquera Común y en la Ley de pesca sostenible e investigación pesquera.
