Las mejores prácticas de carácter socio-laboral recogidas en la norma APR se basan en los requerimientos que establece el Convenio 188 de la International Labour Organization (ILO) y alcanzan a los 1.600 tripulantes -900 de terceros países- embarcados en los 40 buques de la flota agrupada en OPAGAC
La flota atunera española, reclama que las condiciones socio-laborales y de seguridad de los tripulantes de buques sea uno de los aspectos que se tengan en cuentan en la certificación de la sostenibilidad de los productos pesqueros.
OPAGAC ha expresado esta demanda durante su participación en la conferencia ‘Decent Work for Blue Growth: Towards Social Responsibility in the Fish Business’, organizada por la FAO en el marco de la 18ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, que se celebra esta semana en Vigo.
La flota atunera agrupada en OPAGAC ha sido pionera en la adopción de esta práctica con la publicación, en colaboración con AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), de la norma UNE 195006 ‘Atún de pesca responsable. Buques cerqueros congeladores’ (APR), que exige el cumplimiento de las mejores prácticas en este ámbito, junto al respeto al medio ambiente y las especies objeto de captura, y el control de la actividad pesquera.
Las mejores prácticas de carácter socio-laboral recogidas en la norma APR se basan en los requerimientos que establece el Convenio 188 de la International Labour Organization (ILO) y alcanzan a los 1.600 tripulantes -900 de terceros países- embarcados en los 40 buques de la flota agrupada en OPAGAC. Estas prácticas incluyen, entre otras, el reconocimiento médico previo al embarque, la firma de un contrato en el que se establezca un periodo máximo de embarque de 8 meses, un salario que ha de ser como mínimo el marcado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los periodos de descanso y vacaciones retribuidas.
La norma APR también establece para los tripulantes el derecho a cobertura médica y seguridad social, así como el correspondiente seguro que garantice la indemnización en caso de enfermedad, lesión y muerte, así como la repatriación en caso necesario.
Del mismo modo, la norma APR exige que el buque cuente con un certificado de tripulación mínimo, expedido por el estado de pabellón, para garantizar que la tripulación a bordo es suficiente y cuenta, además, con la experiencia, el conocimiento y las competencias necesarias para su operación en condiciones de seguridad.
La norma APR reconoce asimismo el derecho a la negociación colectiva y presta especial atención a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), al establecer la exigencia de un delegado de prevención por buque, así como el desarrollo de planes de formación en PRL y a bordo, incluida la dotación de los tripulantes con equipos de seguridad personal.
Según el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, “la norma APR supone un paso fundamental a favor de una actividad pesquera responsable, entendiendo como tal no solo el respecto al medio ambiente y la legalidad, sino también a la dignidad y los derechos socio-laborales de los tripulantes”. “Puesto que, lamentablemente, seguimos compitiendo con flotas que no respetan los derechos humanos más básicos e incluso practican la trata de personas y el esclavismo”, -prosigue Morón-, “queremos que la Norma APR sea una referencia tanto a escala europea como internacional”.
Tras el desarrollo, en colaboración con WWF, del Proyecto de Mejora de la Pesquería (FIP) como estándar de pesca atunera sostenible a escala mundial y su Iniciativa de Transparencia Atunera (ITT), la publicación de la norma APR representa para OPAGAC el colofón a un proceso de mejora continua que espera sirva de ejemplo a otras flotas.
