En su intervención en un evento con motivo del Día Mundial de la Pesca, el director general de la agencia de las Naciones Unidas, José Graziano da Silva, destacó la necesidad de garantizar que los alimentos marinos que lleguen a nuestra mesa “se hayan producido de forma no sólo ambientalmente sostenible; sino también de una manera que contribuya al bienestar socioeconómico de quienes los han capturado y procesado”
La FAO y el Vaticano se han unido para demandar que se intensifiquen los esfuerzos internacionales para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en la industria pesquera a nivel mundial, incluyendo el tráfico de personas y el trabajo forzoso, y acabar con la lacra de la pesca ilegal. En su intervención en un evento organizado de forma conjunta por la FAO y el Vaticano con motivo del Día Mundial de la Pesca, el Director General de la agencia de las Naciones Unidas, José Graziano da Silva, afirmó que, si bien la pesca proporciona alimentos e ingresos a millones de personas, “desafortunadamente, la misma industria que ofrece tantas oportunidades victimiza también a los más vulnerables”.
“Hemos percibido un creciente interés en los medios de comunicación sobre las violaciones de los derechos humanos en el sector pesquero, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Aquí se incluyen casos de abusos laborales, trabajo forzoso, tráfico de personas, trabajo infantil y esclavitud”, advirtió Da Silva. Es por ello que la FAO y la Santa Sede –añadió- “hacen un llamamiento para que todos los socios colaboren y trabajen juntos para acabar con las violaciones de los derechos humanos en toda la cadena de valor de la pesca”.
“Tenemos que garantizar que los alimentos marinos que lleguen a nuestra mesa se hayan producido de forma no sólo ambientalmente sostenible; sino también de una manera que contribuya al bienestar socioeconómico de quienes los han capturado y procesado”, señaló el alto cargo de FAO.
Por su parte, el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, sostuvo en su discurso la necesidad de actuar en tres grandes frentes: prestar ayuda a los pescadores explotados para facilitar su reintegración; velar por el cumplimiento de las normas internacionales para la pesca actualmente en vigor; y luchar contra el tráfico y el contrabando para imponer el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. “Sólo trabajando conjuntamente y coordinando nuestros esfuerzos, seremos capaces de romper la cadena de explotación que afecta a la industria pesquera en muchos países”, afirmó.
Parolin presentó un nuevo Mensaje de la Santa Sede condenando “la trágica realidad de la industria pesquera en la que centenares de miles de migrantes internos y transnacionales son víctimas del tráfico de personas para realizar trabajos forzosos”.
Comparando la situación de los trabajadores pesqueros víctimas de abusos con una “esclavitud de la era moderna”, Gianni Rosas, Director de la Oficina de la OIT para Italia y San Marino, acogió con satisfacción los recientes avances. Entre ellos la mayor concienciación de los consumidores sobre la necesidad de comprar únicamente pescado producido de manera justa y sostenible, así como los progresos realizados a nivel internacional para desarrollar mecanismos institucionales eficaces como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso y el Convenio núm. 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.
Avances y nuevas herramientas
Tanto la FAO como el Vaticano acogieron con satisfacción las noticias sobre la ratificación del Convenio núm. 188 por parte de un número suficiente de países que permitirá su entrada en vigor en noviembre de 2017. El Convenio tiene por objeto asegurar que los trabajadores del sector pesquero se benefician de condiciones de seguridad y atención sanitaria, contratos laborales por escrito y la protección de la seguridad social.
La FAO y el Vaticano también instaron a los países y a la industria pesquera a utilizar una nueva herramienta disponible, el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), para poner fin de una vez por todas al problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que priva a los océanos de unos 11-26 millones de toneladas de pescado cada año.
Los buques implicados en la pesca ilegal suelen ser aquellos en los que proliferan las violaciones de los derechos humanos. El PSMA -el primer tratado internacional vinculante para combatir la pesca INDNR- provocará un aumento de las inspecciones portuarias de los buques pesqueros, permitiendo mejores controles para asegurar que no se violen los derechos humanos de las tripulaciones.
Tanto el Convenio núm. 188 de la OIT como el PSMA -unidos a una mayor sensibilización internacional sobre las cuestiones laborales y sociales- darán a la FAO, la OIT, los socios en la industria, las comunidades de trabajadores y pescadores y las asociaciones de consumidores, un nuevo impulso para poner fin a los abusos laborales en toda la cadena de valor pesquera.
Lejos de la costa, aislados y víctimas de abusos
Las víctimas han descrito las diversas penalidades que padecen mientras trabajan a bordo de buques en lugares remotos, durante meses o incluso durante años.
Entre ellas el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, palizas y maltrato psicológico, alimentación inadecuada y condiciones de vida insalubres. Las jornadas de trabajo son largas y duras y para poder soportarlas en ocasiones se suministran anfetaminas a los trabajadores.
Es habitual que los operarios se vean abocados a estas situaciones tras ser víctimas de procesos de selección engañosos o coercitivos. Una vez a bordo, pueden permanecer atrapados durante meses, o años. Por lo general, un número de pescadores relativamente bajos está afiliado a sindicatos, los contratos escritos son escasos y la protección de los derechos laborales es débil. Cuando hay algún tipo de normativa, su aplicación es insuficiente.
Sin duda, la supervisión eficaz plantea diversos desafíos: los espacios oceánicos son extensos, y los buques se desplazan constantemente de un país a otro u operan en zonas de alta mar que no están sujetas a ninguna jurisdicción nacional.
