Manuel Barange, director de Pesca y Acuicultura de la FAO, inauguró el debate con una declaración de intenciones: “El diálogo es importante, pero es hora de pasar a la acción”
Un año más, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró un encuentro de trabajo sobre empleo decente en el marco de la feria Conxemar. En el evento se dieron cita representantes de pesca de diversos países, quienes debatieron sobre esta problemática y las medidas institucionales que existen en este ámbito.
El aspecto laboral está recibiendo cada vez más atención de los medios, concienciando de esta forma al consumidor y generando más presión en la industria y ‘retailers’ para que garanticen, no sólo la sostenibilidad del recurso, sino también las condiciones sociales y laborales de los propios trabajadores.
En este sentido, Manuel Barange, director de Pesca y Acuicultura de la FAO, inauguró el debate señalando que “el diálogo es importante, pero es hora de pasar a la acción”. Así, aseguró, que cualquier labor sobre trabajo decente en el sector de los productos del mar requiere una cooperación intensa entre varios actores.
Los participantes compartieron ideas para la colaboración. Anang Noegroho, del Ministerio de Pesca de Indonesia, analizó el trabajo de su país para eliminar la pesca IUU, mientras que Manh Cuong, del Ministerio de Agricultura de Vietnam, presentó la labor de su Gobierno para mejorar la acuicultura y las condiciones laborales y socioeconómicas de un sector del que viven cuatro millones de personas.
Por su parte, Praulai Nootmorn, del departamento de Pesca de Tailandia, habló de las prioridades del Ministerio de su país para combatir la pesca ilegal y mejorar la gestión pesquera. “Ya hay una nueva normativa para proteger el bienestar de los marineros y prevenir los abusos laborales en el sector pesquero”, aseguró. También explicó que Tailandia ha estado trabajando estrechamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está trabajando para ratificar el Convenio 188. La OIT, la FAO y otras asociaciones colaboraron con el Gobierno tailandés para abordar esta problemática.
También se debatió en la jornada sobre los importantes trabajos que se están desarrollando en este ámbito, como la labor de la OIT sobre trabajo decente en la cadena mundial de suministro y la promoción de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. “Estamos trabajando y avanzando en la buena dirección”, aseguró Uwe Bang, de la FAO.
Participación de Opagac
En su participación en el encuentro, la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) destacó que la flota atunera española, reclama que las condiciones socio-laborales y de seguridad de los tripulantes de buques sea uno de los aspectos que se tengan en cuentan en la certificación de la sostenibilidad de los productos pesqueros.
En este sentido, recordó que la flota atunera agrupada en esta organización ha sido pionera en la adopción de esta práctica con la publicación, en colaboración con AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), de la norma UNE 195006 ‘Atún de pesca responsable. Buques cerqueros congeladores’ (APR), que exige el cumplimiento de las mejores prácticas en este ámbito, junto al respeto al medio ambiente y las especies objeto de captura, y el control de la actividad pesquera.
Las mejores prácticas de carácter socio-laboral recogidas en la norma APR se basan en los requerimientos que establece el Convenio 188 de la International Labour Organization (ILO) y alcanzan a los 1.600 tripulantes -900 de terceros países- embarcados en los 40 buques de la flota agrupada en esta organización. Estas prácticas incluyen, entre otras, el reconocimiento médico previo al embarque, la firma de un contrato en el que se establezca un periodo máximo de embarque de 8 meses, un salario que ha de ser como mínimo el marcado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como periodos de descanso y vacaciones retribuidas.
La norma APR también establece para los tripulantes el derecho a cobertura médica y seguridad social, así como el correspondiente seguro que garantice la indemnización en caso de enfermedad, lesión y muerte, así como la repatriación en caso necesario. Del mismo modo, exige que el buque cuente con un certificado de tripulación mínimo, expedido por el estado de pabellón, para garantizar que la tripulación a bordo es suficiente y cuenta, además, con la experiencia, el conocimiento y las competencias necesarias para su operación en condiciones de seguridad. La norma APR reconoce asimismo el derecho a la negociación colectiva y presta especial atención a la Prevención de Riesgos Laborales.
Según el director gerente de Opagac, Julio Morón, “la norma APR supone un paso fundamental a favor de una actividad pesquera responsable, entendiendo como tal no solo el respecto al medio ambiente y la legalidad, sino también a la dignidad y los derechos socio-laborales de los tripulantes”. “Puesto que, lamentablemente, seguimos compitiendo con flotas que no respetan los derechos humanos más básicos e incluso practican la trata de personas y el esclavismo, queremos que la Norma APR sea una referencia tanto a escala europea como internacional”, concluyó Morón.
