La flota atunera española, agrupada en OPAGAC/AGAC [1], ha firmado la Declaración del Golfo de Guinea sobre la Supresión de la Piratería, iniciativa a través de la que más de un centenar de empresas y organizaciones marítimas y pesqueras, así como estados de abanderamiento, urgen, entre otras medidas, al despliegue de fuerzas militares para poner fin a los actos de piratería en el Golfo de Guinea. Cabe recordar que la región registra un repunte de casos desde 2020 y, de hecho, la situación ha sido calificada de crítica recientemente por la secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno español.
Con su adhesión, OPAGAC/AGAC, que cuenta con 29 buques cerqueros y auxiliares faenando en dicha región, suscribe el objetivo de la declaración de lograr reducir el número de ataques en un 80% para finales de 2023. Para ello, los firmantes demandan el despliegue de fuerzas navales no regionales que permitan aumentar la capacidad de respuesta ante los posibles incidentes, así como complementar las operaciones contra la piratería de los estados costeros de la región. Asimismo, apoyan el despliegue de personal de las fuerzas del orden de estos últimos estados en los buques de las armadas no regionales con fines de capacitación y para ayudar a la detención y el enjuiciamiento de los piratas.
Según el último informe del Centro de Información sobre Piratería (PRC) de la Oficina Marítima Internacional (IMB), de los 195 casos de piratería y de robo armado contra barcos que tuvieron lugar en todo el mundo en 2020, 82 acaecieron en el Golfo de Guinea; además, el 95% de los secuestros registrados el año pasado se produjo en la región. El informe destaca también que en uno de cada cuatro barcos atacados en esta zona hubo algún tripulante secuestrado y que en el 80% de los incidentes los asaltantes iban armados.
En el último incidente, registrado el 20 de mayo a 65 millas náuticas del puerto de Tema (Ghana), cinco tripulantes del barco cerquero atunero Atlantic Princess de bandera de Ghana fueron secuestrados tras ser abordados por una lancha rápida. No se tiene más información sobre este incidente, que, a juicio de la flota española, es una muestra más de la peligrosidad de esta región, en la que este año ya se han registrado cinco incidentes con 56 personas secuestradas.
Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “aunque algunos estados de la región, como Nigeria, ya han adoptado medidas para luchar contra esta problemática, la gestión de la situación a corto plazo exige desplegar una fuerza militar que apoye los esfuerzos de estos países, tal y como sucede en el Índico con la operación Atalanta. Sólo así será posible conseguir la aplicación efectiva de la ley contra la piratería, garantizando la seguridad de los tripulantes que trabajan en la región y evitando la pérdida de inversiones en estos países a causa de la peligrosidad en el mar”.
[1] AGAC incluye barcos españoles (agrupados en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores – OPAGAC) e inversiones de empresas españolas en barcos de países costeros de Ecuador, Seychelles, El Salvador, Curaçao, Panamá, Guatemala y Belice.
Fuente: www.opagac.org
