La consejera del Mar, Rosa Quintana, fue la encargada de trasladar a los representantes de la flota de palangre, mediante un encuentro por videoconferencia, las conclusiones de un informe jurídico encargado por el Gobierno gallego a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) sobre el actual bloqueo del Gobierno central a la comercialización del marrajo. El dictamen es claro y determina que el veto a la importación de esta especie, decretado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, constituye una “decisión arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico”, por lo que puede recurrirse por vía administrativa o contencioso-administrativa.
El informe expuesto al sector incide además en que, acreditando que esa actuación administrativa arbitraria derivó en daños económicos a la flota, existe la posibilidad de que los afectados reclamen una responsabilidad patrimonial -daños y perjuicios- a la Administración General del Estado por su actuación.
El análisis emitido por la USC pretende dar respuesta a las incertidumbres en las que se encuentra la flota de palangre, que cuenta con unas posibilidades de pesca de marrajo que, una vez capturadas, no puede comercializar al carecer de los certificados que debe emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para avalar su importación.
En este sentido, el estudio jurídico subraya que, toda vez que la pesca del marrajo está sujeta a cuotas que limitan su captura que están fijadas por las organizaciones regionales de pesca y la Unión Europea en base a criterios científicos, impedir la comercialización de estas capturas no se puede justificar desde un punto de vista racional para garantizar la conservación de la especie. En esta línea, recuerda que ese aspecto ya fue tenido en cuenta al fijar las cuotas de pesca y que en nada favorece la protección de recursos la prohibición de la venta de unos ejemplares ya muertos y que fueron capturados con la autorización previa de la misma Administración -en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- que después impide su comercialización.
La Universidad de Santiago denuncia la falta de coordinación entre ministerios
La situación actual, señalan desde la Xunta de Galicia, es fruto de la falta de coordinación entre distintos departamentos del Gobierno central implicados en este asunto -el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico-, un aspecto que también aborda el análisis jurídico elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela.
El documento recoge que la pesca y la comercialización del marrajo son dos fases inseparables de una misma actividad económica dado que la captura de los recursos no tiene más finalidad que su comercialización. Por eso, el dictamen sostiene que “no es constitucional ni legalmente admisible que pueda haber una completa desconexión” entre los requisitos administrativos para la realización de estas dos partes de la actividad por el simple hecho de que las facultades para intervenir sobre ellas estén repartidas entre varios departamentos ministeriales.
Ante este escenario, Galicia vuelve a demandar una solución urgente al bloqueo que está sufriendo la comercialización del marrajo, dejando capturas retenidas a bordo de los barcos o en tránsito hacia España, lo que ponen en riesgo a rentabilidad del sector. El bloqueo de las capturas de marrajo -una especie que no es la principal en la actividad de esta flota, pero que supone un importante complemento en su facturación- afecta a más de 130 buques de palangre de superficie gallegos que dan empleo a más de 850 tripulantes. Además, se trata de un sector que exporta, junto con la industria asociada a él, cerca de 125 millones de euros al año.
