La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha mantenido hoy una reunión con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y con representantes de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE).
En ella se ha analizado la gestión de las cuotas asignadas a la flota española del golfo de Cádiz, realizada de manera conjunta en su mayor parte para todas las modalidades, pero que también cuenta con un reparto individual por buque en el caso del boquerón y la sardina, para la flota de cerco, y de la cigala, para la flota de arrastre.
Con este modo de operar, la posibilidad de realizar transmisiones temporales y una gestión conjunta a través de las entidades asociativas reconocidas, más el mecanismo de optimización que se inicia el 1 de octubre para reasignar cuotas no ejecutadas, configuran un sistema que está resultando efectivo.
Con respecto a la flota de cerco, se ha valorado la posibilidad de introducir mejoras en el plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, que incluye medidas específicas para esta modalidad que, después de varios años de aplicación, pueden ser analizadas con la información más reciente. En este sentido, la situación de la sardina ibérica y las perspectivas para la campaña 2021, que se iniciará el próximo 1 de mayo se revisarán en una reunión informativa de la Secretaría General de Pesca con todo el sector interesado.
Por último, la secretaria general de Pesca ha informado sobre el proceso para la renovación del acuerdo bilateral de pesca entre España y Portugal. Según ha señalado, ya ha finalizado la fase de redacción y ha comenzado la tramitación para su firma y posterior ratificación.
Esta reunión se enmarca en la dinámica de comunicación constante y fluida que mantiene la Secretaría General de Pesca con todas las comunidades autónomas del litoral español, así como con el sector pesquero, con el objetivo de llevar a cabo una gestión pesquera sostenible de los recursos, incluidos los aspectos sociales, económicos y de empleo que la actividad pesquera genera a lo largo de todas las comunidades costeras.
