Cuando en diciembre pasado, la Unión Europea y Reino Unido anunciaban el acuerdo del Brexit, muchas voces alertaban ya de los problemas asociados a lo pactado y a lo que no aparecía por escrito. En el caso de la pesca, el acuerdo ha provocado, y sigue haciéndolo a día de hoy, problemas muy graves, tanto en la parte británica como en la europea. Pero no sólo la actividad pesquera sufre las consecuencias de una negociación cerrada en falso, las importaciones y exportaciones de numerosos productos se están resintiendo. Y esto no ha hecho más que empezar.
Vayamos a dos de los casos de los que les hablamos en este número de Industria Atunera. El primero se solucionó –“a medias”- a finales del mes de marzo cuando el Consejo de Ministros de la Pesca acordó prorrogar hasta el próximo 31 de julio los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de las pesquerías compartidas con Reino Unido. La presión de los ocho países afectados por las negociaciones pesqueras tuvo mucho que ver en el acuerdo alcanzado que el ministro Luis Planas no dudó en calificar de “muy positivo ya que proporciona continuidad a la actividad de la flota española”. Una prórroga de siete meses que no compromete las negociaciones en curso entre Europa y Reino Unido y mantiene la unidad de los Estados miembros ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante el mes abril y en el que se fijarán los TAC definitivos para 2021.
El segundo caso, el de la flota que faena en Malvinas parece que aún tendrá que esperar. Hablamos de barcos que, aunque no tienen bandera española, son de Vigo y Marín. Unos buques que se enfrentan ahora a aranceles de entre un 6 y un 18%, según la especie que desembarquen.
Las asociaciones que representan a estos barcos, Acemix (Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca) y Anepat (Asociación Nacional de Empresas Pesqueras en Países Terceros), apuestan por un acuerdo que incluya esta vez a los territorios de ultramar para evitar un sobrecoste de 700.000 euros anuales con el que no contaban. El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación comparte la inquietud de estos armadores y presiona a Bruselas para evitar estos aranceles. Mientras, el tiempo corre y a finales de abril está previsto que llegue al puerto de Vigo el primer calamar malvino de la era post-brexit. A fecha de hoy nadie sabe qué pasará con este tema.
Pero las malas noticias no sólo vienen de Europa, en Galicia, la consejera del Mar, Rosa Quintana, se reunió con los representantes de la flota de palangre, mediante un encuentro por videoconferencia, para trasladarles las conclusiones de un informe jurídico encargado por el Gobierno gallego a la Universidad de Santiago de Compostela sobre el actual bloqueo del Gobierno central a la comercialización del marrajo. El dictamen es claro y determina que el veto a la importación de esta especie, decretado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, constituye una “decisión arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico”, por lo que puede recurrirse por vía administrativa o contencioso-administrativa.
El informe incide, además, en que, acreditando que esa actuación administrativa arbitraria derivó en daños económicos a la flota, existe la posibilidad de que los afectados reclamen una responsabilidad patrimonial -daños y perjuicios- a la Administración General del Estado por su actuación.
La flota de palangre cuenta con unas posibilidades de pesca de marrajo que, una vez capturadas, no puede comercializar al carecer de los certificados que debe emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para avalar su importación.
Y seguimos para bingo con la aprobación por parte del Parlamento Europeo del uso de cámaras de videovigilancia para controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque de las capturas. Aunque desde la institución comunitaria se apresuraron a aclarar que el uso obligatorio de estas cámaras se limitará a un “porcentaje mínimo” de los “buques de más de 12 metros identificados en riesgo grave de incumplimiento”, la respuesta del sector no se hizo esperar. Así, Europêche, organización a la que pertenece Cepesca, considera que la obligatoriedad de instalar cámaras ensombrece la revisión del nuevo Reglamento y constituye un “elefante en la habitación” que obstaculiza el normal desarrollo de la actividad pesquera. En este sentido, confían en que los gobiernos de los estados miembros aborden las implicaciones de este “Gran Hermano” durante las negociaciones que se desarrollarán en los próximos meses en el Consejo y tras la que se alcanzará una decisión final.
Como ven, vivimos tiempos convulsos y no sólo por culpa de la pandemia. Esperemos que los próximos meses las aguas vuelvan a sus cauces y el sector pueda disfrutar de unos meses de tranquilidad.
José Ramón Domínguez Varela
Director
