El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que establece una línea de ayudas dotada con 30 millones de euros, destinada a la financiación de la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto socioeconómico de la COVID-19.
Este real decreto recoge las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para hacer llegar de manera urgente liquidez a los distintos operadores afectados, para que se acorten los plazos al máximo para asegurar la plena efectividad de la medida.
Esta ayuda, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en un 75 % y en un 25 % por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como destinatarios armadores y pescadores.
La ayuda correspondiente al armador y pescadores se otorgará al armador, que, a su vez, deberá repartirla entre cada uno de los pescadores enrolados.
El período que se tomará en cuenta para optar a las ayudas está comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. Se podrán beneficiar tanto los armadores como aquellos tripulantes, cuyas empresas no hayan presentado un procedimiento de suspensión de contratos o cese de actividad.
El número de buques que podrán optar a estas ayudas se estima entre 6.000 y los 9.000 beneficiarios. El objetivo es evitar el peligro de quiebra de empresas pesqueras, lo que conllevaría a la pérdida de empleo, tanto autónomo como asalariado.
El real decreto aprobado hoy incluye también la modificación de los reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, en consonancia con la modificación del FEMP.
Como novedades, se elevan los umbrales de ayudas para las inversiones que lleven a cabo las organizaciones de productores pesqueros mediante los planes de producción y comercialización, pasando de un 3 % a un 12 %. Asimismo, se incrementa el porcentaje que se puede destinar a anticipos para su ejecución, que puede alcanzar del 50 al 70 % de la cuantía aprobada.
La nueva regulación también posibilita que las organizaciones de productores pesqueros puedan utilizar el mecanismo de almacenamiento para paliar los efectos de la pandemia. En este caso, los umbrales pasan del 15 al 25 % para las cantidades almacenadas y el porcentaje de la ayuda máxima para este concepto aumenta del 2 al 20 %.
España es líder en producción pesquera, acuícola y de productos transformados en el ámbito de la Unión Europea. En su conjunto, se trata de un sector que produce cerca de 2 millones de toneladas y que factura más de 6.700 millones de euros.
